Legisladores y especialistas promovieron un espacio de reflexión con el cometido de profundizar en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. El proceso hacia la creación de un proyecto de ley, y la recopilación de evidencia y conocimiento, fueron los principales aspectos abordados.
El encuentro contó con la participación de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, y con la presencia de las consejeras del Consejo Directivo Central, Elbia Pereira y Daysi Iglesias, entre otras autoridades parlamentarias, de la educación y organizaciones sociales.
Los expositores expusieron acerca de cómo equilibrar la regulación, privacidad y el acceso a la tecnología para proteger a niñas, niños y adolescentes. También discutieron cómo lograr que las redes sociales verifiquen la edad sin exponer los datos personales de sus usuarios, y se preguntaron si es posible avanzar hacia una regulación integral contra la violencia digital en nuestro país.
Las ponencias estuvieron a cargo del director ejecutivo de ObservaCom, Gustavo Gómez; el exmiembro del Comité de ONU sobre derechos del Niño, Redlamyc, Luis Pedernera; la socióloga y representante de la organización El Abrojo, Paula Baleato; la doctora en Ciencias Sociales Carolina Aguerre; la directora de Programas Wikimedistas de Uruguay, Evelin Heidel; la doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Comisión Tecnología, Colegio de Abogados del Uruguay, Sandra Garín; y la oficial a cargo del Fondo de Población de las Naciones Unidas Uruguay, Valeria Ramos.
El senador Daniel Borbonet ofreció unas palabras de apertura y planteó que es fundamental apostar al diálogo con miras al desarrollo de una ley que regule y proteja a los niños, niñas y adolescentes en el ámbito digital.
En este sentido, indicó que es importante saber qué ven los niños en las pantallas y conocer los diseños de las plataformas responsables que generan una gran atracción. “¿Quién debe regular y reglamentar el contenido? En última instancia los estados son los responsables, y yo creo que la región y el mundo hoy está discutiendo estos temas”.
Por su parte, Carolina Cosse, anunció que en la actualidad legisladores de todos los partidos políticos trabajan en torno a una ley modelo contra la violencia digital.
“Cómo será la cosa que ahora se están discutiendo estos temas sin temor, porque estos temas se discuten y se han tomado acciones desde hace ya 10 o 15 años en otras partes del mundo desarrollado. Acá un poco montado al concepto de la neutralidad de Internet, se nos ha colado por la ventana lo que nos está pasando. Cuando los temas son difíciles de discutir, lo peor que hay que hacer es dejarlo para después. Por eso hay que proteger el buen diálogo y el diálogo profundo”, expresó.
Marcos normativos
Luis Pedernera precisó que los poderes legislativos tienen la necesidad de actualizar y armonizar la legislación nacional, incorporando protecciones específicas frente a los riesgos digitales, como la violencia, explotación, vigilancia, discriminación algorítmica y publicidad dirigida, entre otras.
En este sentido, afirmó que debe garantizarse la neutralidad tecnológica de los marcos normativos, “es decir que no dependan de plataformas o tecnologías específicas que invadan el campo de una experiencia basada en los derechos del niño”.
Pedernera indicó que en el entorno digital nos enfrentamos a un fenómeno con dos características: es un entorno donde la actividad privada es fundamental, y es una actividad con componentes trasnacionales, lo que también impacta en los marcos regulatorios. “Por eso en la observación general marcamos claramente que los estados tienen una obligación de control y regulación de la conducta de las empresas, de los proveedores de servicios digitales y las plataformas”.
De este modo, hizo hincapié en que una buena legislación debería definir deberes de diligencia para las empresas que operan en el entorno digital, establecer mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas, y garantizar que las empresas evalúen el impacto en los derechos del niño antes de introducir nuevos productos o servicios digitales.
Atención a la diversidad
La coordinadora de la organización El Abrojo, Paula Baleato, sostuvo que existen directrices brindadas por Unesco en relación a los sistemas regulatorios, que exigen obligaciones de transparencia por parte de las plataformas, accesibilidad, revisión de cuentas, curaduría de contenidos y evaluaciones sistemáticas.
También destacó que es fundamental garantizar la participación de niños, niñas y adolescentes en todo este proceso. “Es importante además atender las interseccionalidades de la infancia y la adolescencia, ya que no es una masa uniforme: hay niñas y niños, hay orígenes diferentes, hay clases sociales, hay condiciones funcionales, entonces es muy importante que la regulación también atienda esa diversidad”.
Por otro lado, señaló como clave regular lo relacionado con la producción, distribución y comercialización de videojuegos dirigidos a niños y adolescentes, que hagan uso del sistema de recompensa. “En la actualidad, en el entorno digital se dan prácticas de trabajo infantil y de juegos ilícitos con participación de niños y adolescentes”.
“También sería importante crear un observatorio de medios y consumos culturales que incluya todos los consumos digitales de niños, niñas y adolescentes, que genere evaluación, evidencia, conocimiento e información para la política pública”, argumentó.
Por último, opinó que no es posible proteger de las violencias en el entorno digital, y no ocuparse del resto de los asuntos que circulan en Internet. “Por eso hablamos de una regulación más amplia del entorno digital, atenta a una perspectiva de derechos de las infancias y adolescencias”.
Evidencia e investigación
Carolina Aguerre consideró que intervenir en la materia sin generar alianzas es un camino complicado. “Estamos hablando de plataformas que operan sobre 1.000 millones, 2.000 millones de usuarios en el mundo, la industria de las grandes plataformas que usan los niños o los adolescentes habitualmente”.
Aguerre mostró preocupación por la industria de contenido sexual y pornográfico, que en la actualidad contiene más datos que Facebook, “con políticas de protección y acceso a los datos impresionantes”.
“El otro efecto que estamos viendo en América Latina, tiene que ver con los juegos de apuestas y cómo los adolescentes sobre todo participan, interviniendo tanto en esos ámbitos, que algunos colegas dicen que esta es la última frontera en la regulación de Internet”, señaló.
Evelin Heiden hizo un llamamiento a distinguir la moda de la evidencia. “Nos preocupan las nuevas modas de implementar mecanismos de verificación de edad para resolver estas cuestiones vinculadas a la protección de niños, niñas y adolescentes. Brasil, Australia y Reino Unido han implementado esta clase de medidas, pero finalmente lo que terminan haciendo es regalarle miel a las plataformas, porque finalmente las plataformas terminan con muchísimos más datos de los que hubieran tenido originalmente si no se hubieran implementado estos sistemas”.
Además, se refirió a la ausencia de espacios saludables que fomenten la participación de niños, niñas y adolescentes. “Si todos los espacios que tenemos son sitios de apuestas o sitios pornográficos y no hay construcción de espacios saludables digitales en los que efectivamente puedan participar, también estamos en un problema”.
Valeria Ramos valoró que la violencia digital facilitada por las tecnologías, es una de las expresiones más recientes, compleja y expandida de la violencia basada en género y generaciones. “Por eso son fundamentales las instancias de intercambio intergeneracional, para poder comprender mejor esta problemática y para llegar a soluciones y propuestas transformadoras”.
Ramos mencionó que en diciembre UNFPA, CONAPEES y Facultad de Psicología presentaron un análisis de las denuncias de violencia digital hacia niños, niñas y adolescentes recibidas por el Ministerio del Interior, “que nos confirman que los chiquilines sufren violencia digital. En el caso de la violencia sexual el grueso está en las adolescentes mujeres, pero también hay víctimas en la primera infancia”.
Diseño adictivo
Sandra Garín opinó que los centros educativos tienen que indagar cómo repercutiría impedir el uso de los dispositivos electrónicos durante el horario de clase. “Faltarían estudios para saber si acá pasa lo mismo que en otros países, donde los niños, niñas y adolescentes recalcan los beneficios de haber dejado el celular en el centro educativo, cuando por ejemplo se relacionan más entre ellos y tienen más contacto presencial”.
Por otro lado, Gustavo Gómez señaló “no hay ningún tipo de duda de que hay empresas que por hacer dinero y, a sabiendas del daño que pueden ocasionar, desarrollaron un diseño adictivo para enganchar a nuestros niños y nuestras niñas todo el tiempo que puedan, para sacar plata con ese enganche”.
Para Gómez el diseño adictivo y la responsabilidad de las empresas tecnológicas debe ocupar el centro de la discusión. “No sigamos poniendo la responsabilidad en los pobres padres y madres”, señaló.
“Hay estándares y experiencias suficientes para que a fin de este año pueda haber un proyecto de ley presentado formalmente en el Parlamento”, aseveró.
Por último, resaltó la calidad de la ley brasileña, vigente desde marzo, “mucho más interesante que las propuestas de prohibición más integral, ya que esta ley ataca justamente al tema del modelo de negocio de las plataformas en los términos que acá se han planteado: transparencia, diseño algorítmico, mecanismos que te hacen enganchar permanentemente, recompensa y scroll infinito”.
En el cierre del encuentro, el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, destacó que regular en la materia constituye el reto más trascendente de los legisladores, “porque es un desafío que no se puede eludir, pero tampoco se puede afrontar ni con modas, ni tampoco con facilismos, porque no tiene una solución única, ni siquiera si pudiéramos estatizar las grandes plataformas”.
“Es necesario escuchar a los niños para que nos ayuden a identificar oportunidades, riesgos y daños, que muchos de nosotros, de otra generación, no somos capaces de identificar y que además van cambiando. Para todo eso, desde el Parlamento estamos impulsando una consulta pública para acompañar este proceso y poder abordar una legislación con más elementos, más voces y más respuestas”, informó.
