La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, la Administración Nacional de Educación Pública y los Ministerios de Educación y Cultura y de Desarrollo Social presentaron una actualización del “Protocolo Guía para situaciones de discriminación y rechazo por motivos de discapacidad en el ámbito de la educación”.
Este documento constituye una herramienta orientada a prevenir, detectar, intervenir y dar seguimiento a situaciones de vulneración de derechos en todos los niveles de la enseñanza pública y privada.
La actualización del Protocolo responde a una iniciativa de organizaciones de la sociedad civil, defensoras de los derechos de las personas con discapacidad, y a la necesidad de fortalecer las acciones institucionales frente a las reiteradas denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo vinculadas al rechazo de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en centros educativos, tanto públicos como privados. Estas situaciones constituyen actualmente las consultas más frecuentes en la materia.
El proceso de revisión y optimización del Protocolo se desarrolló durante 2024 y 2025, a instancias de un equipo de especialistas conformado para este cometido, que retomó la experiencia acumulada y los aportes técnicos e institucionales recogidos durante estos años por el Grupo de Trabajo de Educación Inclusiva (GTEI).
El espacio interinstitucional de trabajo está conformado por los subsistemas de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Dirección de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), integrantes del GTEI, representantes de gremios docentes, Universidad de la República (UDELAR) y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) a través del Consejo Asesor Honorario de la sociedad civil organizada de y para personas con discapacidad (CAHD) de la INDDHH, el Mecanismo de Vigilancia y Monitoreo de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (MEVIDIS) y la Defensoría del Pueblo.
Derecho a la educación
Durante la presentación, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, hizo énfasis en la necesaria revisión de este tipo de documentos que implica un reconocimiento a las dificultades que enfrentan quienes no acceden de manera sencilla a la educación. “Tener derecho al acceso a la educación no implica solo tener un lugar en el sistema educativo, sino que lo que pasa en lo educativo me permita transitar, desarrollarme y cumplir ciclos educativos. No solo es entrar y permanecer, sino que incluye también un conjunto de aspectos anidados al derecho a la educación”.
Por su parte, el director nacional de Educación del MEC, Gabriel Quirici, afirmó que la actualización del documento “es parte de la nueva agenda de derechos que tiene que ver con la construcción jurídico social y del Estado, y de trazarse nuevos horizontes de derechos que cumplir. No queda más que seguir impulsando, agradecer a los que día a día han construido estas herramientas, y reafirmar que la educación para todos y todas, durante toda la vida, sea un hecho”.
La directora de la INDDHH, Jimena Fernández, destacó que el nuevo protocolo aborda el derecho a una educación inclusiva, facilitando el acceso real a la educación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
Por otro lado, Daiana Vázquez, gerenta del Instituto Nacional de Discapacidad del MIDES, recordó que este año se cumplen dos décadas de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad. “Que sean bienvenidas estas y todas las herramientas que vayan por este camino”, manifestó.
Educación inclusiva
Luego de la apertura del encuentro, el equipo técnico realizó un repaso a su trabajo y presentó en profundidad el contenido del Protocolo.
Selva Pérez, subdirectora de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, expresó: “Una madre de un niño con discapacidad me decía que cuando empiezan las clases todos los papás están contentos y salen con sus niños a comprar una mochila. ‘Nosotros empezamos a sufrir, porque no sabemos cuál es la puerta que se nos va a abrir y con qué condicionantes nos van a recibir y por cuánto tiempo’”.
“Cuando un niño que ve aprende junto a un niño que no ve, ¿quién aprende de quién? Cuando un adolescente que no oye, aprende junto a un adolescente que sí escucha, ¿quién aprende de quién? Tenemos tanto por aprender unos de otros”, reflexionó.
Florencia Borches, de Educación Inclusiva del MIDES, realizó un repaso a los diferentes avances en el país en materia de educación inclusiva y enumeró los antecedentes del Protocolo.
Jimena Valdés, de la Dirección General de Educación Secundaria, hizo hincapié en que en ningún centro educativo puede negarle la inscripción a un niño, niña o adolescente con discapacidad, ya que esta práctica vulnera el derecho a una educación inclusiva. “La recepción de los estudiantes debe ser sin excepción. La institución tiene que superar sus barreras y debe inscribir al estudiante”, sostuvo.
En este sentido, Liliana Testa, de la Dirección General de Educación Técnico Profesional-UTU, se refirió a la existencia de “mecanismos de exclusión sutiles” que ocurren en los centros educativos y a la participación plena en las actividades extracurriculares, como talleres, salidas didácticas y campamentos. “Se debe proteger el derecho a la participación plena de los estudiantes y esto se vincula con avanzar en la accesibilidad física y en la dotación de materiales y recursos pedagógicos que faciliten la circulación y el acceso de los estudiantes a todas las actividades”, explicó.
Enfrentar la discriminación
Carolina Sanguinetti, del Programa Educación Inclusiva del MEC, mencionó que todas las acciones contenidas en el Protocolo “se sostienen en una robusta normativa nacional e internacional”.
Karen Sass, del Mecanismo de Vigilancia y Monitoreo de la Aplicación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la INDDHH, afirmó que es fundamental identificar aquellas situaciones de discriminación y “agotar las instancias previas de consulta, de diálogo, en relación a los diferentes ámbitos educativos”, previo a la realización de la denuncia.
Por último, Nils Helander, de la Defensoría del Pueblo de la INDDHH, indicó que la Defensoría apunta a que realizar una denuncia sea un procedimiento ágil, informal y reservado. “Tenemos que tener en cuenta que en estos procesos vinculados con una denuncia que refiere a resguardar el derecho a una educación inclusiva, los tiempos con los que contamos son muy breves”. También destacó la importancia de agotar las instancias previas a la querella.
En el cierre del encuentro, Verónica Sanguinetti y Diego Vega del Consejo Asesor Honorario de la Sociedad Civil Organizada de y para las Personas con Discapacidad, y Mercedes Viola y Estela Brochado del Grupo de Trabajo por la Educación Inclusiva, destacaron la pertinencia del documento y la necesidad de continuar introduciendo cambios que contribuyan a mejorar la calidad educativa de las personas con discapacidad. Durante su intervención, Viola subrayó la importancia de comprender y atender la situación de vulnerabilidad y emergencia que atraviesan las familias frente a la discriminación que sufren.
