Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva (PIGEP)

El Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva (PIGEP) es una iniciativa del Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), creada en 2013 con el propósito de identificar, reconocer y difundir experiencias innovadoras que contribuyan a fortalecer la gestión pública y la gobernanza democrática en los Estados Miembros. Desde su creación, el PIGEP se ha consolidado como un referente a nivel hemisférico, recibiendo más de 600 experiencias provenientes de instituciones públicas de distintos niveles de gobierno en la región. El Premio busca promover el aprendizaje entre pares, visibilizar prácticas efectivas y generar conocimiento aplicado que contribuya a la mejora continua de las políticas públicas y de la gestión del Estado. A través de sus distintas ediciones, el PIGEP ha impulsado la sistematización de experiencias innovadoras y el intercambio de aprendizajes, promoviendo enfoques centrados en resultados, evidencia, inclusión, sostenibilidad institucional y potencial de replicabilidad regional.

Las instituciones deberán postular sus experiencias en una única categoría, de acuerdo con el foco principal de la iniciativa. En el caso de que una institución desee presentar más de una experiencia, podrá postular un máximo de tres experiencias distintas, siempre que cada una se postule mediante un formulario independiente y se presente solo una postulación de la institución por categoría. Las categorías son las siguientes:

4.1 Innovación en Gobierno Abierto Reconoce iniciativas orientadas a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la integridad pública y la confianza institucional, mediante herramientas, procesos o reformas que mejoren de manera efectiva la relación entre el Estado y la ciudadanía. Estas experiencias deben incluir uno o mas componentes del Gobierno Abierto: • Transparencia: Se refiere a un conjunto de iniciativas y estrategias relativas a “datos abiertos”, cuyo objetivo es poner a disposición de la ciudadanía información relevante sobre las responsabilidades, actos, decisiones, datos, planes, fuentes, entre otras, respecto de las administraciones públicas y quiénes la integran. Son ejemplos: informes de rendición de cuentas, reportes ciudadanos, leyes de acceso a la información, portales de transparencia, semáforos para seguimiento de metas; entre otros. • Participación: Se refiere al conjunto de estrategias y mecanismos relativas a “decisiones abiertas” que realizan las administraciones públicas con el propósito de fomentar el derecho de la ciudadanía a intervenir activamente en la toma de decisiones políticas; promover la interacción entre el Estado y la sociedad y la retroalimentación de éstos hacia el gobierno, para que ambas partes puedan beneficiarse de sus conocimientos, ideas y experiencias a efectos de mejorar la calidad y eficacia de la acción pública. Son ejemplos: audiencias públicas, presupuesto participativo, sesiones de co-diseño, métodos de agilidad y laboratorios de innovación. • Colaboración: Se refiere al conjunto de iniciativas y estrategias relativas a “servicios abiertos” que realizan las administraciones públicas con la finalidad de involucrar a la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil y empresas para la entrega coordinada y conjunta de programas y servicios públicos. Son ejemplos: alianzas y consorcios público-privados, permisiones y contratos de adhesión, concesiones de servicios públicos, consorcios intermunicipales, cooperativas de servicio, servicios públicos informados por multiculturalidad. A modo ilustrativo y sin perjuicio de otras iniciativas con objetivos similares, esta categoría podría incluir iniciativas como portales de transparencia, mecanismos de seguimiento o evaluación ciudadana (por ejemplo, semáforos de desempeño) e instancias de participación como asambleas ciudadanas, entre otras. 

4.2 Infraestructura Pública Digital Reconoce procesos de transformación digital del Estado que generen impactos tangibles y medibles tanto en la gestión pública como en la experiencia ciudadana, mediante el uso estratégico de tecnologías, datos y capacidades públicas digitales. Estas iniciativas se orientan principalmente a la provisión de trámites y servicios públicos, y se distinguen de aquellas cuyo objetivo central sea la transparencia o la participación ciudadana, abordadas en otras categorías. Incluyen el desarrollo y fortalecimiento de infraestructuras públicas digitales (IPD) —que son sistemas digitales compartidos, seguros e interoperables como la interoperabilidad, la identidad digital, el intercambio seguro de datos, sistemas de pago, intercambio de datos y las plataformas públicas digitales— así como la automatización, la analítica de datos y el uso responsable de inteligencia artificial, implementados con mecanismos adecuados de gobernanza. Características clave de la IPD: • Interoperabilidad: Capacidad de distintos sistemas para funcionar juntos. • Accesibilidad: Diseñados para ser utilizados por todos los ciudadanos. • Seguridad: Deben ser confiables y defender los principios democráticos. • Escalabilidad: Capaces de crecer para atender a una gran población. Se valorarán especialmente aquellas iniciativas que evidencien mejoras verificables en la eficiencia, accesibilidad y calidad de los servicios públicos, incluyendo la reducción de tiempos, costos o barreras de acceso para la ciudadanía, así como la existencia de salvaguardas institucionales en materia de protección de datos, transparencia y uso ético de la tecnología. A modo ilustrativo y sin perjuicio de otras iniciativas con objetivos similares, esta categoría podría incluir, entre otras, plataformas integradas de trámites digitales, sistemas de interoperabilidad entre instituciones, soluciones de identidad digital, ventanillas únicas digitales, automatización de procesos administrativos, uso de analítica de datos para la mejora de servicios o aplicaciones de inteligencia artificial en la gestión pública. 

4.3 Innovación en Gestión de Procesos Reconoce iniciativas que generan mejoras sustantivas en la gestión interna del Estado, a través de la revisión, rediseño o transformación de procesos, normas, estructuras organizacionales y prácticas de gestión que rigen el funcionamiento de las instituciones públicas. Esta categoría se enfoca exclusivamente en innovaciones orientadas al interior del propio aparato estatal, cuyo propósito principal es fortalecer la capacidad del Estado para organizarse, coordinarse, tomar decisiones, aprender y operar de manera más eficiente, coherente y estratégica. A diferencia de otras categorías, estas iniciativas no requieren necesariamente la incorporación de soluciones digitales, pudiendo consistir, por ejemplo, en la eliminación de reglas innecesarias, la simplificación de procedimientos, la mejora de esquemas de coordinación o la redefinición de responsabilidades institucionales. Las experiencias postuladas deberán evidenciar mejoras verificables en la eficiencia, coherencia o calidad de la gestión pública interna, aun cuando sus efectos no se traduzcan de forma inmediata en la prestación directa de servicios a la ciudadanía. Con el fin de delimitar el alcance de esta categoría, se considerarán especialmente iniciativas que incorporen uno o más de los siguientes componentes esenciales: • Simplificación y optimización administrativa, incluyendo la eliminación de trámites, reglas o controles internos innecesarios o redundantes. • Rediseño de procesos institucionales, orientado a mejorar flujos de trabajo, tiempos de respuesta, roles y responsabilidades. • Fortalecimiento de la toma de decisiones estratégicas, mediante el uso de evidencia, información sistematizada o nuevos mecanismos de análisis. • Mejora de la coordinación y gobernanza interna o interinstitucional, a través de nuevos arreglos organizacionales, protocolos o espacios formales de articulación.• Desarrollo de capacidades institucionales, incluyendo modelos de gestión, aprendizaje organizacional o fortalecimiento del capital humano público. A modo ilustrativo y sin perjuicio de otras iniciativas con objetivos similares, esta categoría puede incluir rediseños de procesos internos, simplificación normativa o administrativa, sistemas de gestión por resultados, modelos de toma de decisiones basados en evidencia, mecanismos de coordinación interinstitucional, laboratorios de innovación pública enfocados en gestión interna, o programas de fortalecimiento de capacidades del personal público. 

4.4 Inclusión Social y Acceso a Derechos Reconoce políticas, programas e intervenciones públicas cuyo objetivo principal sea promover la inclusión social, la no discriminación y el acceso efectivo a derechos, con especial énfasis en la atención de grupos históricamente excluidos o en situación de vulnerabilidad. Estas iniciativas buscan reducir brechas sociales, territoriales, económicas, culturales y/o estructurales, y contribuir a garantizar el ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Se valorarán especialmente aquellas iniciativas que demuestren impactos sociales sustantivos y verificables en las poblaciones destinatarias, así como su sostenibilidad institucional y su capacidad de mantenerse en el tiempo más allá de intervenciones puntuales. A modo ilustrativo y sin perjuicio de otras iniciativas con objetivos similares, esta categoría podría incluir, entre otras, políticas o programas de inclusión social y reducción de desigualdades, modelos innovadores de atención y provisión de servicios para poblaciones vulnerables, intervenciones territoriales integrales, iniciativas orientadas a garantizar el acceso efectivo a derechos y servicios básicos, o estrategias públicas que promuevan la no discriminación y la igualdad de trato.