Promoción de prácticas educativas en cárceles
Ultima modificación: 06/08/12
Más de 1000 reclusos en 24 centros penitenciarios de 12 departamentos reciben instrucción primaria, en el marco del proyecto de Educación en Cárceles que gestiona la Dirección Sectorial de Educación de Adultos del CODICEN.
De los 1.103 presos escolarizados – que equivalen a más del 10% de la población carcelaria total- la matrícula más numerosa se concentra naturalmente en Montevideo, donde 842 personas asisten a las clases que imparten los educadores responsables del programa.
La distribución cuantitativa en los restantes once departamentos donde opera esta modalidad formativa, es la siguiente: Canelones: 61, Soriano: 44, Salto: 35, Cerro Largo: 8, Florida: 17, Lavalleja: 13, Maldonado: 12, Paysandú: 20, San José: 16, Tacuarembó: 26, y Treinta y Tres: 9.
Obviamente, el programa –que funciona en recintos habilitados en los propios penales y en horarios previamente coordinados con sus directores - tiene una cobertura que abarca a reclusos de ambos sexos.
La oferta educativa prevé dos líneas básicas de acción: el dictado de cursos de nivel primario y diversas actividades en la modalidad de taller, donde se instruye a los beneficiarios en conocimientos y saberes útiles para la vida cotidiana y su eventual inserción laboral al momento de concretarse la recuperación de la libertad.
El responsable de la Dirección de Educación de Adultos del Consejo Directivo Central de la ANEP, maestro Felipe Machín, resaltó que en contextos de encierro, la educación tiene una gran complejidad. “Hay que conjugar los tiempos y las modalidades de trabajo, en la medida que el Ministerio del Interior tiene una mirada que contempla particularmente la seguridad y nosotros lo observamos desde un plano naturalmente educativo”.
“La educación no es mera rehabilitación ni institucionalización. Partiendo de la premisa que ambos sabemos muchas cosas e ignoramos otras, tenemos que desarrollar un mutuo aprendizaje. Eso debe partir de un sentimiento de empatía entre el educador y el eventual educando”, afirmó enfáticamente.
En ese contexto, reflexionó sobre la norma que establece la reducción de penas a través de la educación y el trabajo. Al respecto, consideró que hay que cumplir con la ley, aunque advirtió que se deben buscar los mejores mecanismos para hacerlo.
En función de su experiencia, Machín opinó que “es sumamente difícil educar en contextos de encierro, porque las estrategias pedagógicas son necesariamente diferentes”.
El jerarca planteó la necesidad de afinar los objetivos del programa, que, en su opinión, deben privilegiar la formación permanente y la construcción de ciudadanía, “en una sociedad cada vez más demandante en materia formativa”.
Al respecto, puso particular énfasis en la necesidad de profundizar un modelo educativo que permite a los reclusos interactuar socialmente, luego que recuperen la libertad.
En otro orden, recordó que, según estudios estadísticos realizados por la propia unidad ejecutora a su cargo y por otros organismos especializados, más del 60% de la población carcelaria tiene menos de 29 años de edad.
“Nos preocupa que la mayoría de los presos tengan un muy bajo nivel educativo”, destacó Machín, quien, en función de esta realidad, promueve la focalización de las políticas en esa franja etaria concreta.
El jerarca consideró que la educación de adultos y en particular la que se imparte en las cárceles, es una herramienta para la prevención del delito. “Sobre todo, la educación es generar un proyecto de vida alternativo”.
Machín reveló que, según la experiencia de los educadores que concurren a los penales, “los presos tienen mucho respeto por la figura del docente. Eso nos está dando una clave muy importante para seguir trabajando”.
Felipe Machín propuso el establecimiento de “criterios comunes en la propuesta educativa que aumenten la eficiencia de la misma en este ámbito, optimizando los recursos de la ANEP y promoviendo prácticas educativas y herramientas que modifiquen la vida intramuros, para lograr una real inserción social y laboral”.
En tal sentido, consideró indispensable disponer de espacios educativos adecuados, un tiempo de trabajo de no menos de cinco horas diarias, la accesibilidad de la población al área educativa y la existencia de un encargado del área educativa dentro de los penales.